Auditoría popular para el cambio

Tras todo un año de ayuntamiento del cambio en Madrid los cambios reales impulsados son escasos. En este año hemos visto ataques constantes e indiscriminados de la derecha, desde sus altavoces mediáticos, a cuestiones secundarias que no se plegaban a la hegemonía cultural reaccionaria. Un año en el que el gobierno municipal en manos de Ahora Madrid ha reculado repetidamente ante dichos ataques, poniendo en riesgo la ilusión apuntalada que despierta en parte de la ciudadanía. Lo peor es que junto a los pocos signos de avance se siente, en cambio, cierto retroceso en la presión popular.

Los movimientos sociales deben impulsar un cambio democrático en lo social y en lo económico sin verse relegados por la dinámica institucional. Para ello, es necesario que se analice colectivamente el trabajo del ayuntamiento en este último año y que se tracen estrategias de intervención conjunta desde los movimientos sociales. Es necesario que el movimiento popular se cargue de argumentos, medios y propuestas para el avance de aquí en adelante. Resulta urgente una auditoría popular que estudie el trabajo del consistorio madrileño y marque estrategias comunes para el cambio.
La ilusión se construye con conquistas sociales, y las conquistas se logran mediante la presión popular. Son un ejemplo en ese sentido los compañeros y compañeras de la PAH en el ámbito de la vivienda. Al margen de la disposición al diálogo demostrada por la concejala de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales de Ahora Madrid, Marta Higueras, la Oficina de Intermediación Hipotecaria había demostrado ser un instrumento muy limitado para la defensa del derecho a la vivienda. Para empezar, como se lleva tiempo denunciando, esta se dirigía a un perfil minoritario de los desahuciados que existen en la ciudad, contemplando únicamente aquellos desahuciados por impago de hipotecas y dejando al margen los impagos de alquileres. Afortunadamente, esta oficina va a cerrarse para dar paso a una Oficina de Vivienda que contemple otros casos. Además, no se renovará el contrato con la oficina notarial que hasta ahora se encargaba de mediar con los afectados, lo que responde a la presión realizada por dejar la mediación en manos de perfiles técnicos (notarios y economistas).

Por todo ello, debemos seguir cuestionando las actuaciones del ayuntamiento cuando demuestren una perspectiva poco exigente con los bancos (por ejemplo, contemplando pagos con dinero público o apostando por la refinanciación y el re-endeudamiento). También debemos recordar que no se ha dado aún solución a la venta de inmuebles a fondos buitre por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ni a los desahucios que esta ejecuta. No podemos más que celebrar la posición de la PAH, que mantiene la presión sobre los bancos, auténticos culpables del destrozo realizado sobre el derecho fundamental de la vivienda; que exige al ayuntamiento mayor contundencia en sus exigencias a la SAREB y los bancos; que denuncia la política de la EMV y que aporta soluciones globales al problema de la vivienda. Un trabajo que se concreta, sin limitarse, en sus 5 exigencias: Dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Más allá del tema de la vivienda encontramos ejemplos de independencia y fortaleza de los movimientos sociales en el contexto de la lucha por la gestión pública y comunitaria de los servicios públicos, llevada adelante en Madrid por la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid. Siendo la defensa de dichos servicios una de las supuestas banderas del gobierno municipal, lo cierto es que la desprivatización de los mismos no está teniendo lugar, más allá de algún caso puntual y aislado. En nuestra ciudad son muchos los servicios que esperan una remunicipalización: desde centros culturales y polideportivos a servicios de atención ciudadana (010), desde escuelas infantiles o musicales a la limpieza y recogida de basuras. En este último caso, el propio responsable económico del gobierno de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato, reconoció la falta de voluntad política para remunicipalizar el servicio de recogida de basuras en un momento en el que expiraban los contratos con las empresas concesionarias.

La diversidad de estos servicios permite convertir la lucha por la remunicipalización en un nexo que conecte las reivindicaciones de diferentes sectores en un mismo movimiento popular. Para ello, los movimientos sociales debemos evitar convertirnos en un actor que reafirme las políticas del ayuntamiento, tenemos que ir un paso por delante tratando de profundizar en el cambio que queremos ver en la sociedad. Las esbozadas son sólo algunas de las reivindicaciones en materia social sobre las que presionar al ayuntamiento de Madrid, a las que podríamos añadir muchas otras, que resulta necesario analizar y poner sobre la mesa mediante un proceso de auditoría popular.

En conclusión, es fundamental que los movimientos sociales se afiancen y legitimen sus prácticas: que se movilicen y presionen de manera independiente, que propongan y construyan. Una auditoría municipal, llevada adelante por el movimiento popular de manera conjunta y multisectorial, nos permitiría analizar el contexto en el que nos encontramos de cara a establecer estrategias de cambio y avance para el futuro que nos espera.

Artículo de Ángel Lareo, militante de Apoyo Mutuo, para Diagonal

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