Del saqueo al poder popular. Análisis de coyuntura del área metropolitana de Granada

En el furgón de cola

Tanto la provincia de Granada como su capital ocupan un puesto marginal no sólo en la economía y la política española, sino que también son secundarias a nivel andaluz: el Producto Interior Bruto granadino asciende únicamente a cerca del 10% del andaluz, lejos de las locomotoras regionales, Sevilla y Málaga. Un panorama que, según un informe realizado por la Fundación Caja Rural, no parece que vaya cambiar pues la provincia “estará condenada a formar parte del furgón de cola de la economía española”. Centramos nuestra mirada en el área metropolitana de Granada, formada por 34 municipios que, junto con la capital, superan el medio millón de habitantes, es decir, más de la mitad de la población provincial.

La evolución en los últimos tiempos del área metropolitana se caracteriza por un desarrollo del sector servicios y de la construcción, desplazando a la industria y sobre todo a la función agrícola, cuyo suelo ha pasado a ser residencial. El sector terciario tiene a su cabeza, por un lado, a la Administración Pública, primordialmente la Universidad de Granada, con aproximadamente 80.000 alumnos matriculados. Por el otro lado destaca el turismo, de cuyo carro tira, a diferencia del ‘sol y playa’ que impera en Andalucía, el patrimonio histórico (con el conjunto Alhambra-Albaicín a la cabeza) y el turismo deportivo de Sierra Nevada, gracias a los cuales la hostelería debe su importancia. Granada se encuentra en el tercer lugar del ranking turístico de la comunidad autónoma, tras Málaga y Cádiz. El sector servicios supone más de dos tercios del valor agregado bruto (VAB) y de la población empleada de la provincia.

La construcción, clave tanto en el ‘boom’ del modelo de acumulación capitalista español de los 2000 como en su posterior batacazo a partir de 2007, llegó a alcanzar el 15% del VAB en 2006, para ir descendiendo posteriormente, con catastróficas consecuencias para los 50.000 granadinos que en él trabajaban. El sector tuvo y tiene especial peso en los municipios del sur (La Zubia, Armilla, Alhendín, Cenes, etc.), caracterizada como zona residencial. Este proceso ha supuesto una relativa despoblación de la capital en beneficio de la aglomeración urbana a su alrededor. En 2005 el resto de municipios juntos superaron a la ciudad de la Alhambra en número de habitantes, lo que se ha incrementado desde entonces.

El déficit industrial es agudo. A nivel provincial, la industria ronda el 9% del VAB. Por supuesto, la industria no es un sector pujante ni en Andalucía ni en España, pero en Granada su peso es aproximadamente la mitad de la media española y queda lejos de la mayoría de las provincias andaluzas excepto Almería y Málaga. Es el área metropolitana la zona que concentra el 75% de los polígonos industriales granadinos. El suelo industrial se localiza fundamentalmente en la capital y en sus vecinos del norte, como Maracena, Atarfe o Albolote.

Menos peso aún tiene el sector primario, cuyo suelo ha sido arrasado en las últimas décadas por polígonos industriales, construcción de viviendas e infraestructuras, principalmente la red de autovías que conecta los diferentes municipios de norte a sur y cuyo tráfico sitúa al área metropolitana entre los cuatro principales focos de contaminación de Andalucía, según un informe de Greenpeace. Un alto nivel de polución que también se manifiesta en otros aspectos, como los vertidos de aguas sin depurar, y que en el caso del aire está vinculado a los graves problemas de movilidad en el territorio. El factor fundamental en este asunto es la alta dependencia del coche privado por parte, sobre todo, de la población periférica, debido a cuestiones estructurales que van desde el deficiente funcionamiento del transporte público a la omnipresencia de párkings privados en el centro capitalino.

En la tónica capitalista habitual a nivel global, la clase dominante granadina ha buscado aumentar las oportunidades de negocio a través de la atracción de la inversión multinacional, generalmente con fuerte inversión de dinero público. Sin embargo, muchos proyectos (vinculados al deporte, a la cultura o a la coartada correspondiente) se vieron paralizados o fracasados debido a la crisis. Sí se salvó el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), un conglomerado regido por los ayuntamientos y Junta de Andalucía junto a los principales organismos patronales y bancarios del área. El PTS cuenta ya con presencia de múltiples empresas multinacionales y el apoyo decidido estatal, que se observa en la importante actividad prevista por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, a través de las instalaciones del Servicio Andaluz de Salud.

No obstante, parece tratarse de hechos aislados que no desviarán al territorio de su camino reciente, lo que Fundación Caja Rural traduce en que la Universidad de Granada “será la primera empresa exportadora, pero no en I+D, sino en mano de obra”. En este pronóstico influye sustancialmente el elevado endeudamiento (en la media española y andaluza) de la Administración Local. Sólo la deuda del consistorio de la capital con los bancos se sitúa cerca de los 300 millones de euros, más del doble que en 2011, aumento motivado sobre todo por los créditos bancarios para pagar a su vez las deudas con las empresas proveedoras de servicios.

Magnates y esclavos

En el área metropolitana granadina escasea la alta burguesía autóctona, estando vinculados los grandes capitales a multinacionales tanto españolas como extranjeras. Es el caso incluso de empresas de solera en la zona, como el Grupo Alhambra, adquirido en 2006 por el grupo Mahou-San Miguel, dominado por las familias Mahou y Gervás, o Puleva, vendida a la multinacional francesa Lactalis cuatro años más tarde.

Una importante excepción es la de Nicolás Osuna, nacido en Albolote hace 75 años y con poca presencia mediática, a pesar de que su apellido se puede leer en lo alto de cientos de edificios de los municipios metropolitanos. A la cabeza de su Grupo Noga, maneja el centro del negocio, la Inmobiliaria Osuna, con la que a golpe de ladrillo (y de vivienda pública y de posible corrupción si nos atenemos a su mención en alguna investigación de los escándalos andaluces) edificó su imperio. Osuna también ‘sufrió’ la crisis, pasando según Forbes de una fortuna de más de 600 millones de euros en 2013 a 375 un año después, lo que aun así le sirvió para mantenerse como único granadino en la lista de los cien españoles más ricos de dicha publicación. A diferencia de otros ilustres constructores, parece haber logrado capear la crisis y la inmobiliaria sigue en pie como una de las principales dueñas de suelo tanto en el área metropolitana como en la costa de la provincia y otras zonas del país. El magnate, con yate en Marbella y residente en una enorme finca jienense, supo diversificar, y su grupo incluye también la hostelería (Hoteles Center) y la agricultura: es uno de los principales productores de aceituna y uno de los más importantes receptores de las subvenciones agrícolas europeas. No obstante, Osuna sí vio frustrada su intención de jugar en otra Liga. Tras lograr entrar en los consejos de administración de Iberdrola y Banco Popular, la crisis no le permitió mantener la posición y finalmente tuvo que abandonar ambos.

Por lo que se refiere al sector financiero, Granada no ha escapado a la desaparición de las cajas de ahorro, con gran peso en la época de hiperdesarrollo inmobiliario, y su consiguiente integración en conglomerados de mayor tamaño respaldados por dinero público. Es el caso de Caja Granada, ahora integrada en el Banco Mare Nostrum con una pequeña participación frente al mayoritario Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Así mismo, su presidente, el exalcalde de Granada Antonio Jara, pasó a formar parte de su dirección. Dentro de la clase dominante metropolitana hay que destacar el importante peso de los grandes propietarios de suelo, rentistas que no intervienen directamente en la producción capitalista sino que viven parasitariamente de ésta. La provincia registra 710 personas con más de medio centenar de propiedades inmobiliarias a su nombre en los núcleos urbanos. No se puede olvidar tampoco el papel de la Iglesia católica, cuyo arzobispado ha saltado últimamente a la fama nacional gracias a sus casos de pederastia y su fomento de ideas de género retrógradas hasta para esa institución. La Iglesia, además de una gran propietaria de suelo y de patrimonio histórico, mantiene una elevada influencia sobre otros ámbitos como el educativo, con el respaldo de la Junta de Andalucía.

En el área metropolitana la clase política, entendida como subclase de la burguesía encargada de dirigir el Estado a nivel municipal (no entramos aquí en los niveles autonómico y nacional, con mayor poder), se caracteriza principalmente por su mayor atomización y su continuismo político. Atomización que es cierta pero también relativa si tenemos en cuenta la anterior omnipresencia de los dos clásicos pilares partidarios del régimen, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Estas formaciones, de derecha ‘tradicional’ y ‘progresista’ atendiendo a su discurso, han visto erosionada su base electoral en el marco de la crisis. No obstante, siguen manteniendo su dominio, respectivamente, en la capital y los grandes municipios limítrofes. Lo hacen con el apoyo de los nuevos contendientes en el ring de la institucionalidad burguesa. José Torres Hurtado, que venció a sus rivales tras haber sufrido un infarto cerebral un año antes de las elecciones, mantiene su posición con el apoyo de Ciudadanos. El PSOE, por su parte, gobierna Armilla, Maracena, Albolote, Las Gabias o Santa Fe, generalmente con apoyo de Izquierda Unida o de los Podemos locales.

Hay que destacar el escaso impacto de las nuevas formaciones de la izquierda sistémica, aupadas como resultado del ocaso del 15M: sólo en dos municipios importantes, La Zubia y Atarfe, han logrado la alcaldía, en minoría. La novedad de estas candidaturas es discutible, ya que en el primer caso su alcalde era el antiguo portavoz de IU y en el segundo la dirección pertenece a un grupo de antiguos concejales que se habían escindido de IU anteriormente. Más llamativo es el caso de Granada, donde el exjefe policial que concurría como segundo en la lista de Vamos Granada se había presentado a las primarias del PSOE hacía pocos meses (curiosamente, el candidato de Ciudadanos y antes senador también había abandonado ese partido a finales de 2013).

Por supuesto, desde el municipalismo estatal ninguna formación o Ayuntamiento plantea una ruptura del régimen (menos aún con el sistema), y ni siquiera se asoma un enfrentamiento de relevancia dentro de las reglas de juego, limitándose las diferencias a aspectos de poca entidad o a una forma de gobierno en teoría no tan corrupta como en años previos.

Descendiendo por los peldaños de la pirámide social metropolitana nos encontramos con la clase media. Entendemos ésta como un grupo numeroso pero muy minoritario de la sociedad, compuesto por quienes no forman parte de la clase dominante (que se apropia y dirige el trabajo colectivo) ni de la clase trabajadora (que vive esencialmente de la venta de su trabajo). En este sector mixto encontraríamos a pequeños propietarios de medios de producción con asalariados, con importancia marginal en la economía; cuadros intermedios en las empresas estatales o privadas con elevados salarios; y, en tercer lugar, asalariados o no cuyos recursos vienen en buena parte de actividades especulativas o rentistas con poco peso en el panorama general. La clase media, con predilección residencial por el centro histórico y las viviendas unifamiliares en urbanizaciones a los pies de Sierra Nevada, no ha sido inmune a los años de saqueo neoliberal. Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de 2007 a 2013 los 20.000 habitantes de la provincia con sueldos mayores de 40.000 euros, donde se encuadraría la parte asalariada de la clase media, disminuyeron en un 35%. Sin embargo, en un proceso similar al sector con los sueldos más altos en el territorio, la reducción del número ha ido acompañada por un proceso de concentración del ingreso entre quienes se mantienen en esos niveles, elevándose su salario medio. Como en el resto del país, la pequeña burguesía del área metropolitana ha visto arrasados sus negocios por la reducción del consumo y el corte del crédito bancario. A esto se suman factores autóctonos como las obras del Metro, una obra interminable encabezada por la Junta cuyos sobrecostes en febrero de 2014 igualaban el presupuesto inicial. Sólo en Camino de Ronda, las obras contribuyeron al cierre de casi una quinta parte de los 5.500 negocios de la zona entre 2008 y 2012. Por supuesto, como de costumbre este tipo de situaciones tienen menor impacto entre los capitalistas de clase media (con los colchones de su propiedad y de la devaluación salarial) que entre sus empleados y los trabajadores autónomos. La Asociación de Comerciantes de esa calle granadina y sus alrededores informaba de que el proceso de cierres había supuesto la pérdida de 7.000 puestos de trabajo.

En el último escalón social encontramos a la clase trabajadora, así mismo fragmentada. En la parte de arriba encontramos lo que podríamos definir como aristocracia obrera, trabajadores y trabajadoras con salarios aceptables y de cierta edad, fundamentalmente funcionarios, que se diferencian de los estratos más bajos de la clase media sólo en su posición en el proceso económico. Este segmento comparte incluso zonas residenciales con la clase media, cuando puede permitírselo gracias a unificar ingresos. Por ejemplo, resultan habituales las viviendas en urbanizaciones que son propiedad de un matrimonio de funcionarios.

Sin embargo, el proletariado con seguridad laboral y calidad de vida es una excepción dentro del panorama desolador que presenta el área metropolitana. De acuerdo con los datos de la AEAT, en 2013 el 46% de los empleados de la provincia percibieron salarios inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), de 645 euros al mes en ese momento. Este gigantesco colectivo suma únicamente el 9,2% de la masa salarial de la provincia. La mayoría de ellos, o lo que es lo mismo, un tercio del total de los asalariados, ganó menos de la mitad del SMI, 323 euros. Según la información aportada por Cáritas, una cuarta parte de los hogares granadinos no alcanzan los 7.800 euros al año. En el seno de este grupo, Unicef Comité Andalucía especifica que 88.188 personas no cuentan con ingresos de ningún tipo.

Así mismo, se han agrandado las diferencias sociales. Si hace ocho años los salarios del grupo mejor remunerado eran 73 veces mayores que el de los sueldos más bajos, hace dos la diferencia era de 81. El ejército industrial de reserva que suponen las masas de parados, los recortes del Estado y la restricción del crédito crearon la tormenta perfecta que destruyó buena parte del escaso bienestar obrero. Remarcamos “escaso” porque la situación previa a la crisis no invitaba al optimismo precisamente. En 2007, los asalariados que no llegaban al SMI ya llegaban casi al 35%, nivel al que España no se acercaría hasta seis años después.

A la ingente cantidad de proletarios con ingresos microscópicos se suma la legión de personas en desempleo, 130.400 en toda Granada tomando los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2015. Nada menos que un 29,73% de la población activa, porcentaje que no refleja del todo la realidad ya que la EPA excluye a quienes “no buscan activamente” un empleo, por lo que descarta a miles de personas de la zona, como quienes ya perdieron la esperanza de encontrar un trabajo remunerado o quienes, sobre todo mujeres, no lo buscan porque las pésimas condiciones laborales no compensan abandonar el trabajo doméstico. Un 39% de la población en desempleo de la provincia lleva más de un año en esa situación, mientras que quienes tienen entre 25 y 44 años suponen la mitad de los parados y son mayoritariamente mujeres.

De esta forma, un perfil que se repite habitualmente dentro de la clase obrera metropolitana es el de pareja con hijos, residente en los barrios periféricos de la capital o en los demás municipios: ambos desempleados, ella con experiencia en limpieza o atención a domicilio y él en construcción o transporte. O, por otro lado, los jóvenes que acudieron a realizar estudios universitarios en Granada y, tras ellos, consiguen mantenerse a duras penas en la ciudad a través de un trabajo extremadamente precario y muchas veces en negro. Se trata de un importante colectivo social que, sin embargo, resulta mucho menor que el de universitarios que se ven forzados a abandonar Granada. Para las nuevas generaciones de obreros y obreras no pinta mejor la cosa, con un desempleo provincial absolutamente disparatado: 57,2% en el caso de los menores de 25 años, 69,5% entre menores de 20 (82,5% para las mujeres). Si optan por estudiar, el panorama tampoco es halagüeño dado el aumento de tasas, lo que ha contribuido a que en la Universidad de Granada estén matriculados 5.000 alumnos menos que en 2011.

La crisis también va por barrios y ésta ha tenido un resultado terrible sobre las zonas marginadas del área metropolitana, caracterizadas por un paro desorbitado, superior al 60%, e índices sociales, como el fracaso escolar o la tasa de mortalidad, claramente peores que en el resto del territorio. Para la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados el número de estas zonas asciende a 13. Siete de ellas se encuentran en la capital, principalmente en la Zona Norte, y las restantes se reparten entre Atarfe, Pinos Puente y Fuente Vaqueros. Espacios que son también lugar de residencia de las minorías étnicas, encabezadas por la colonia marroquí seguida de rumanos y senegaleses, muy afectadas por la pobreza, especialmente los (según datos de la Junta) 3.000 trabajadores y trabajadoras indocumentados que viven en la provincia.

Sin embargo, el área metropolitana no se caracteriza por una fuerte presencia de extranjeros. En la capital viven unos 15.000, el 6% de la población, tasa inferior a la media española. La principal minoría étnica es la gitana, con 20.000 personas en la ciudad de Granada, fundamentalmente en el distrito Norte, en muchos aspectos un auténtico gueto, vigilado simbólicamente por un enorme cuartel de la Guardia Civil, donde pastan la delincuencia, los grupos religiosos y las ONG.

Organización popular: cómo empezar a cambiar la marea

Para completar el análisis de coyuntura del área metropolitana de Granada tenemos que prestar atención a la realidad organizativa de los diferentes sectores sociales que hemos repasado. Dejamos en este caso de lado a las entidades de las clases alta y media, propiamente dichas, esencialmente asociaciones patronales de diferente tipo, para adentrarnos en forma resumida en la realidad organizativa de la clase trabajadora, que sin embargo como veremos en ocasiones incluye intereses de otras clases.

Con la entrada del nuevo milenio, en Granada se inició lo que podría considerarse como un ciclo de luchas que tenían como trasfondo la forma en la que se piensa y se hace ciudad. Así pues, desde el año 2004 empezaron a organizarse luchas en relación a la vivienda, como la realizada por la Casa del Aire contra la especulación inmobiliaria y la consiguiente gentrificación y expulsión de población en el barrio Albaicín, o las cuevas de San Miguel. También habría que mencionar la pelea de los vecinos y vecinas de Santa Adela en el Zaidín, por conseguir que se cumplieran los acuerdos de propiedad y rehabilitación de sus casas. En el plano de las luchas antidesarrollistas encontramos la Asamblea contra la destrucción contra el territorio, de cuyas cenizas en 2006 surgió la Asamblea contra el Monte del Loro y más tarde la Asamblea contra la Ronda Este (que a su vez se vincula con la defensa de Jesús del Valle y por extensión del Valle del Darro) que mostraban su oposición a la construcción de una autovía metropolitana que completara el anillo de circunvalación por la única parte de la ciudad que todavía conserva valor natural y paisajístico. En el área metropolitana se plantó cara a proyectos de todo tipo, desde la embotelladora del Padul hasta una macrourbanización en Dílar, entre otras.

Muchas de estas iniciativas confluyeron en Hart@s de la dictadura del cemento, una red-coordinadora de colectivos que durante los años 2007 y 2008 coordinó un número de acciones conjuntas orientadas a visibilizar y luchar contra lo que denominaron la “violencia urbanística” que empezaba a generar el actual modelo de ciudad capitalista.

Hay que mencionar también los conflictos por el espacio público: en el año 2009 se abría el frente de lucha para organizar una respuesta ante la imposición de la normativa municipal denominada como Ordenanza cívica, que ya se estaba expandiendo por muchos municipios del Estado.

También es de destacar el trabajo realizado por diversos colectivos en defensa de la Vega de Granada (respecto a proyectos como el Parque Periurbano o el Centro Comercial Nevada), entre los que destaca Salvemos la Vega. Actualmente en esta zona el colectivo Somos Vega, Somos Tierra está tratando de articular el “Abrazo a la Vega”, un proyecto de dinamización y conservación de la zona.

Los sectores sociales implicados en estas luchas han sido también muy distintos, desde agricultores de la Vega hasta ocupantes irregulares de cuevas, pasando por ecologistas o vecinos organizados de diferentes maneras. Estas batallas tuvieron cierta influencia en varios de los proyectos no llevados a cabo y supusieron un salto respecto a las de épocas anteriores, de tipo más ‘partidario’ o ‘ideologizado’. Así mismo, sirvieron una red, una base de militancia para años posteriores. No obstante, este poso no fue lo suficientemente estable debido al alto grado de movilidad de sus participantes.

Como en otros muchos lugares de España, el 15M tuvo sus efectos, a raíz de la acampada que ocupó durante unos pocos meses la Plaza del Carmen granadina. Este proceso de ocupación, sin autorización gubernativa, mantuvo alto el ciclo de movilizaciones 2011-2013, incorporando a las luchas sociales a un buen número de militantes que previamente no estaban involucrados. Como todo ciclo de protestas, y en este caso de composición tan plural y falto de perspectivas, acabó agotándose, dando paso a cierto desánimo y, en parte debido a éste, al ilusionismo electoral. No obstante, si bien el 15M granadino no pudo consolidarse y tanto su asamblea general como la mayoría de sus grupos de trabajo o de barrio fueron cayendo sucesivamente, dos de ellos sí lograron mantenerse en el tiempo: Stop Represión y Stop Desahucios. En el caso del primero, se puede decir que ha conseguido una continuidad, pudiéndole considerar como un embrión de un posible organismo más efectivo a la hora de defender las libertades públicas, principalmente las de la militancia del poder popular metropolitano. El principal mérito de Stop Represión fue su contribución para evitar la entrada en prisión de Carmen Bajo y Carlos Cano, condenados por un piquete realizado por el 15M el 29 de marzo de 2012.

Desafortunadamente, el ligero viento de cambio ha pasado desapercibido a través de aspectos de lucha cruciales en la vida de la clase trabajadora, que se mantienen en el continuismo respecto a los años anteriores a 2011. Es el caso del trabajo mismo, donde la afiliación y/o presencia sindical siguen en un nivel insuficiente y, donde se produce, lo hace bajo las siglas de Comisiones Obreras-Unión General de Trabajadores o, en algunos casos, un sindicato sectorial como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Se trata, por lo general, de organizaciones vinculadas al régimen y con escasa democracia interna y espíritu combativo, lo que explica en cierta medida la escasa reacción del mundo laboral al saqueo de clase vivido recientemente. Relativas excepciones serían segmentos de la clase trabajadora como las plantillas de algunas empresas del Estado o contratas del mismo. Autobuses urbanos (Transportes Rober), limpieza viaria (Inagra) o Sierra Nevada (Cetursa) serían algunas muestras con episodios de conflicto.

En cuanto a lo que podríamos catalogar como izquierda sindical, ésta se encuentra todavía lejos del nivel de penetración del bipartidismo sindical. Por un lado encontramos a la federación local de la Confederación General del Trabajo, que muestra cierta presencia entre trabajadores del Estado y contratas vinculadas al mismo (transporte, limpieza…), aunque con una militancia muy reducida a nivel local o metropolitano. Así mismo, la fuerza de la unión comarcal del Sindicato Andaluz de Trabajadores dista bastante de la que posee en Andalucía occidental, aunque ha intentado reforzarse como con su reciente campaña en el ámbito de la hostelería. Por último, habría que referirse a la federación local de la Confederación Nacional del Trabajo, que más allá de conflictos puntuales mantiene una exigua realidad sindical. Habría también que mencionar la actividad de la Asamblea Interprofesional, surgida con la idea de red de apoyo a las diferentes luchas.

Por desgracia, no parece plausible una recuperación del asociacionismo en la producción, del sindicalismo, en el futuro próximo. Si bien esto es habitual en épocas, como la actual, marcadas por un auge del desempleo, los niveles de organización de parados y paradas tampoco son alentadores. Existen en diferentes barrios y pueblos asambleas de parados, pero su trabajo no ha experimentando ningún incremento relevante pese a que sería lógico dadas las elevadas tasas de desempleo. Aun así, se ha producido un goteo de pequeñas, simbólicas a veces, victorias, como la consecución de terrenos de cultivo en algunos puntos determinados. También habría que destacar la aceptación por parte del pleno del Ayuntamiento de Granada, en septiembre de 2015, de un bono bus para personas sin empleo aún por concretar, fruto de la presión de la Plataforma de Desempleados con núcleo en el Zaidín (el precio de los viajes en autobús en Granada está casi en la media nacional, pese a que el nivel de renta es mucho menor).

Se trata de una de las victorias del movimiento popular en el plano local tras el ciclo abierto por el 15-M y la ligera recomposición del mando estatal metropolitano comentada anteriormente. En este sentido, cabría mencionar el anuncio de reapertura oficial de la Biblioteca de Las Palomas, que había sido reabierta por el propio movimiento vecinal en una lucha de varios años, así como la mencionada rehabilitación de Santa Adela. Casos exitosos aislados, por otra parte, en un asociacionismo vecinal presa de unas dirigencias sin renovar desde hace mucho tiempo y con una composición interna en la que escasea la juventud. La breve irrupción de los grupos de barrio del 15M pudo haber contribuido a solucionar este problema, pero no cuajaron. Así mismo, las asociaciones de vecinos padecen también un elevado nivel de vinculación con los ayuntamientos o los partidos, lo que mina su independencia y su legitimidad como vehículo de movilización genuino. La actividad, entonces, queda muy restringida a una actividad más o menos útil pero inofensiva (festejos, cursillos, procesiones…), con dirigentes vecinales convertidos en pseudoalcaldes de barrio. Cuando se produce cierta movilización, ésta suele tener arrastre vecinal, pero el enfoque del tema concreto no se sitúa necesariamente en la izquierda. Así, podemos observar las protestas en el Albaicín contra los efectos del predominio turístico o en la Chana para cambiar el diseño del paso del Tren de Alta Velocidad, pero también nutridas manifestaciones en el distrito Beiro frente a la apertura de un centro de atención a personas sin hogar.

De forma similar a otras muchas ciudades del país, y en parte relacionada con el olvido de las AAVV del frente de la vivienda, en Granada se ha producido la emergencia, desde el movimiento de 2011, del grupo Stop Desahucios 15M Granada, con presencia en diferentes puntos del área metropolitana. La organización, versión provincial de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se nutre fundamentalmente de proletariado con graves problemas hipotecarios y también de pequeños propietarios o capitalistas arruinados durante estos años y, en consecuencia, proletarizados. Aunque se muestra voluntad de abarcar temas de alquiler y de suministros básicos en los hogares, la focalización se realiza sobre las hipotecas suscritas con las entidades bancarias. Tras más de cuatro años de actividad, los éxitos han sido rotundos, logrando que un mínimo de 400 hogares hayan conseguido acuerdos con los bancos, principalmente para reestructurar su deuda hipotecaria y cuotas mensuales. Así mismo, la organización ha logrado una importante movilización de sus integrantes, convocando a cientos de personas cada semana a sus asambleas y acciones. No obstante, no todo es de color de rosa y una deficitaria estructura interna desembocó, como denunció el propio grupo, en la escisión unilateral por parte de los líderes de unas pocas asambleas durante el otoño de 2014. Lo cual, por un lado, tuvo efectos positivos al poder mantener la actividad sin tan alto conflicto interno y estructurarse mejor, pero por otro lado causó la pérdida de esas asambleas así como el contacto con el resto de la PAH a nivel andaluz y español. Al margen de este problema, el movimiento por la vivienda se enfrenta en nuestro territorio a retos similares a los de otros lugares. El principal: cómo convertirse en un movimiento amplio que no se centre únicamente en la pérdida definitiva del hogar, sino que actúe como auténtico sindicato de inquilinos e hipotecados, negociando colectivamente con propietarios, prestamistas y Estado.

En otro orden de cosas, en otros espacios como el feminista se detectan algunos cambios, como el surgimiento de la Asamblea Feminista Unitaria, dirigida por un grupo de mujeres jóvenes con la intención de resucitar el “feminismo combativo” en un ámbito donde la institucionalización y la moderación son la norma. En cuanto al movimiento estudiantil, se mantiene en sus ritmos cíclicos, con más o menos masividad en la calle pero sin continuidad ni organización unitaria.

Tampoco queremos dejar de destacar el incipiente surgimiento de otras prácticas económicas que podríamos englobar dentro de lo que se denomina la economía social y solidaria (que no es sinónimo de cooperativismo, el cual no necesariamente comparte estos valores). Desde el sector de la agricultura y el consumo responsable con cooperativas agroecológicas como Hortigas o el Vergel de la Vega y tiendas como El Encinar o Consumo Cuidado; hasta la abogacía con Abogad@s en Red, las energías renovables con Som Energía, la hostelería con La brújula de Momo o el Entresuelo; los medios de comunicación con Giro comunicación y su proyecto Granadaimedia, pasando por la educación y la cultura con colectivos como Iniciativas Educativas o la asociación de formación e investigación social Tejiendo Redes, el Mercado Social y Cultural de Granada o la sala Apeadero. Aunque muchas de ellas todavía subsisten (muchas veces de forma precaria) todos ellos comparten una serie de principios de justicia social, de contribuir a construir otro tipo de relaciones económicas donde se pongan a las personas y la relación con el entorno natural por encima de la acumulación de beneficio; donde además de ser sostenible, aporte a la creación de una sociedad más justa y solidaria.

El panorama social descrito al principio de este análisis puede y debe ser cambiado de una forma profunda, lo que implica de un modo u otro cambiar tanto las estructuras políticas vigentes como las relaciones económicas subyacentes, sustituyéndolas por estructuras democráticas: con propiedad y toma de decisiones colectivas. Como es lógico, no es una tarea que pueda realizarse exclusivamente en nuestra área metropolitana. Aunque se diera el imposible de que el 100% de su población fuera consciente de la necesidad de ese proceso, la desconexión resultaría extremadamente difícil, por no hablar del sabotaje externo. En consecuencia, el proceso tendría que abarcar un territorio y población mucho mayores que los que estamos contemplando en este análisis.

Ahora bien, lo que sí está en manos de los trabajadores y trabajadoras granadinos es, partiendo de lo que ya tenemos, constituir un poder popular que contribuya a tensionar la coyuntura, y de este modo abrir perspectivas de emancipación más profunda. Así pues, como colofón a nuestro análisis comentaremos tres líneas que podrían eliminar o paliar problemas de la organización popular o de clase y ayudar en el sentido mencionado.

1. Efectividad y estrategia.

Las luchas sociales, al margen de su ámbito, deberían estar enfocadas a un objetivo determinado que se considere factible. La derrota alimenta la desesperación, y tras ella suelen venir la inacción o el electoralismo. Es primordial saber qué se pretende con cada movimiento, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Parece de Perogrullo, pero demasiadas veces caemos en el hacer por hacer, el “hay que hacer algo” frente a cualquier problema que surja, generalmente impuesto en la agenda pública por los grandes conglomerados mediáticos. En este sentido adquiere importancia la estrategia. Lamentablemente, el sarcasmo del texto Ad Nauseam de hace unos cuantos años siguen teniendo excesiva vigencia: “Las manifestaciones son actos de autoafirmación, de autocomplacencia estética y militante, y su única utilidad práctica es que la policía fiche y fotografíe a los asistentes. Eso y encontrarnos a los amigos para tomar luego unas cañas. Lo mismo puede decirse de la hermana pobre de la manifestación, la concentración, convocada cuando no se confía en reunir ni un mínimo de gente para no caer en el ridículo”. Aterrizando esta idea en el área metropolitana de Granada, cualquier persona mínimamente involucrada en la lucha será consciente de la profusión de concentraciones con poca asistencia frente a la Subdelegación de Gobierno, motivadas por los más variados temas y con escasos resultados prácticos. Una estrategia permitiría lo contrario. Una vez establecido el fin al que llegar, se podrían diseñar una serie de pasos que permitieran la acumulación de fuerzas hasta alcanzar el objetivo.

2. Acción unitaria.

Dado que la organización sectorial es lo que predomina, resulta necesario establecer mecanismos multisectoriales que posibiliten la agregación de luchas con el fin de multiplicar su efectividad. No obstante, aquí nos encontramos con el problema de cómo hacerlo. Ya se realizan eventos “unitarios”, pero éstos no suelen ir más allá de la habitual manifestación y manifiesto conjunto, sin continuidad alguna. Lo cual suele causar que ni siquiera la militancia de las propias organizaciones participantes se lo tome demasiado en serio, enfrascada como está en sus tareas cotidianas. Ésta es una cuestión sobre lo que habría que reflexionar más en profundidad, pero nos limitaremos a señalar que es difícil construir movimientos amplios en base a organizaciones cuya estructura interna suele moverse en un ambiente bastante caótico. Por otro lado, por acción unitaria no nos referimos sólo a conectar luchas ya existentes, sino también a la propia composición interna de las organizaciones. Una organización dedicada a un sector debería ser capaz de agrupar al grueso de la clase trabajadora en función de sus diferentes problemas, y no sólo a un segmento de la misma. Ahora mismo, la mayoría de la población del área metropolitana no forma parte de ninguna organización de lucha. Está claro que una parte de ella obtendría beneficios si se involucrara, pero este problema tiene también que ver con la ya mencionada efectividad (o falta de ella) y con la falta de respuestas de las organizaciones ante situaciones habituales entre quienes formamos la clase. También tiene que ver con la propia estructura interna del proceso de toma de decisiones. Cualquier estructura fomenta o entorpece la participación. Por ejemplo, las convocatorias por la mañana en días laborables, las reuniones semanales o un horario de 19 a 21h. convocan y a la vez excluyen a la gente según sus circunstancias. En un ambiente en el que por un lado se observan organizaciones con fuerte peso del trabajo profesionalizado o semiprofesionalizado y, por otro, de estructuras laxas donde no se sabe bien quién gestiona qué, resulta relevante abordar este aspecto.

Por otro lado, desde la perspectiva que busca potenciar el poder popular es necesario establecer un marco común a todas las luchas, tanto discursivo como organizativo. Un ejemplo sería tratar de enlazar los diferentes fenómenos, que se perciben por lo general de forma aislada, como consecuencia de la construcción de una marca de ciudad para posicionarse en el mercado mundial, debido a la terciarización de la economía granadina, así como de las necesidades de crecimiento y movilidad motorizada. Y vincular por tanto a los diferentes sujetos capaces de movilizarse en estos conflictos en un mismo terreno de lucha, superando las fragmentaciones y ampliando las posibilidades de debate e intervención. Casos prácticos: plantear los planes urbanísticos sobre el barranco de San Miguel permite abordar también la situación de la comunidad senegalesa residente y la represión que viven, de la misma forma que la defensa de la Vega pone sobre la mesa un cuestionamiento del modelo agroalimentario capitalista.

3. Ofensiva.

A pesar de la sana influencia del 15M en cuanto a lanzamiento y debate de ideas, el movimiento social sigue funcionando como norma general de forma puramente defensiva. Los conflictos se sitúan en un permanente rechazo a los intentos exitosos de saqueo por parte del enemigo. Esto nos sitúa en desventaja, como si fuéramos un boxeador que no para de recibir golpes, acorralado contra una esquina del ring y, cuando para alguno, grita “sí se puede”. Como es lógico, hay que oponerse a los ataques recibidos, pero la mejor defensa es un buen ataque, y más si tenemos en cuenta que salvaguardar los escasos derechos ahora erosionados no es siquiera una meta que pueda ilusionar a muchos de los explotados de hoy. En este sentido, levantar las banderas de cambio social real, de avanzar (no sólo no retroceder), debería ser la actitud adecuada para afrontar la pelea. Necesitamos análisis y estrategia, pero también valentía, ambición y coraje. Se atribuye a un granadino la frase “Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen”. Hagámoslo.

Apoyo Mutuo Granada

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