DEMOCRACIA VERSUS ESTADO

Con este texto, desde Apoyo Mutuo pretendemos realizar un ejercicio de análisis sobre el papel de las instituciones del Estado en el proceso de transformación social, sin pretensión de exhaustividad y siendo conscientes de lo amplio y complejo de la cuestión, en la cual podría ahondarse evidentemente mucho más.

Entrando en materia, desde Apoyo Mutuo queríamos dejar clara nuestra posición respecto al asunto que nos trae tratando de superar tanto el manido eslogan de “Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde”, como los intentos renovados de un colectivo de políticos que parecen concebir el parlamentarismo y la ley como fines últimos.

La postura de la tradición revolucionaria de los siglos precedentes se basaba en un profundo recelo del Estado o, al menos, en la consciencia de que éste se trata esencialmente de una herramienta de opresión de clase que posibilita que la explotación económica que ejerce la clase dominante pueda convertirse en hegemonía en el campo de la política y, así, garantizarse. Esto no podríamos considerarlo más que un hecho a tenor de la experiencia histórica. Ello debería llevarnos consecuentemente a concluir que el Estado es un instrumento de dominación y que, como tal, no puede llegarse a él y ejercer el poder desde el mismo de otro modo que realizando un ejercicio de opresión y explotación que inexorablemente recae y paga el pueblo, la clase trabajadora, independientemente del grado de explotación que ejerza un estado u otro. No hemos de remontarnos muy lejos para comprobar que esto es y ha sido efectivamente así. Hasta los intentos marxistas de construir un “Estado proletario” que liberara a la sociedad acabaron convirtiendo al mismo en una ingente maquinaria todopoderosa y centralizadora que sofocó cualquier atisbo de verdadera democracia y socialismo. Fuimos testigos de ello en la URSS, en China (erigida actualmente en una superpotencia capitalista que no vacila en explotar brutalmente a las trabajadoras y trabajadores y en reprimir sin escrúpulos la protesta social) y lo estamos siendo también en casos flagrantes como el de Corea del Norte, o el de Cuba, cuya apertura capitalista es ya desde hace tiempo un hecho.

En todos estos casos, en mayor o menor medida, otra característica básica de los estados fue la patente represión y control policial-militar de cualquier tipo de disidencia, lo que conllevó la construcción de estructuras estatales regresivas y reaccionarias en lo social, esencialmente totalitarias en muchos aspectos.

No obstante, en los inicios de estos y otros procesos revolucionarios que se sucedieron a lo largo de la historia sí se dieron casos exitosos de lo que nosotros y nosotras llamamos democracia: de autogestión, de socialismo, de justicia e igualdad social, de organización descentralizada y horizontal, de poder popular. Pero todos ellos fueron frustrados tarde o temprano precisamente por uno o varios estados, ya fuera por injerencia militar externa y/o por absorción de la protesta y autoorganización social por parte de las instancias del Estado y los parlamentos internos.

A este respecto contamos en la actualidad con ejemplos efectivos de que la democracia, en contraposición al Estado y al capitalismo, puede implantarse, como los casos, entre otros, de Rojava en Siria, los mapuches entre Chile y Argentina o las zapatistas de Chiapas en México demuestran, los cuales, partiendo de un análisis crítico del Estado y autocrítico de parte de la teoría y experiencia leninista sobre el mismo, han conseguido logros en cuestiones de economía, participación política, feminismo y autoorganización social que ahora mismo en Occidente nos parecen simplemente inimaginables, pero que a la vez son una muestra viva de que el camino que nos hemos marcado no solo es deseable en términos de libertad y justicia, sino también perfectamente viable y eficiente.

Por otro lado, no ha lugar en este espacio para entrar a dirimir si nuestra visión, como organización política, del Estado se acerca más a tesis instrumentalistas, funcionalistas, estratégico-relacionales o cualesquiera que sean del amplio abanico de teorías existentes. Nos quedamos con la experiencia histórica que ha demostrado (y lo sigue haciendo día a día) con bastante claridad que el Estado —independientemente de cómo se teorice—, lejos de actuar como un facilitador de los procesos sociales de transformación radical democrática, ha actuado siempre, en mayor o menor medida, como un obstáculo.

Poco queda que decir ya de la desaparecida socialdemocracia que en un tiempo atrás pretendió frustradamente llevar a efecto el proceso de transformación social a través del electoralismo y la intervención en los parlamentos vía partidos políticos (no haría falta ni entrar en detalle de la experiencia más que fracasada del eurocomunismo, cuyos máximos exponentes en forma de partidos comunistas europeos no dudaron en llegar en muchos casos a la traición para con el movimiento obrero de manera flagrante). Un claro ejemplo de ello fue la experiencia de Los Verdes en la década de los 80 en Alemania, cuya política del partido-movimiento que terminó convirtiéndose a la política parlamentaria corriente, rancia y desapegada de cualquier pretensión rupturista, empieza a sonarnos cada vez más conocida en el país de países que es España, o los propios giros a la derecha que se están viviendo actualmente entre los nuevos partidos españoles.

Por otro lado, es verdad que muchas de las conquistas sociales de las que disfrutamos hoy en día, las cuales fueron conseguidas a raíz de mucha lucha y entrega por parte de los diversos movimientos en los pasados años, están plasmadas en las innumerables leyes aprobadas en instancias parlamentarias, y que eso posibilita que ejerzamos nuestros derechos en buena parte. Pero es que el problema no reside ahí.

Las y los demócratas creemos efectivamente en la reglamentación de la vida social, en que en nuestras complejas sociedades necesitamos dotarnos de unas normas comunes para poder desarrollarnos en la mayor paz e igualdad posibles. Pero no creemos que dicha reglamentación y control deba ser llevado a cabo desde las instituciones del Estado; unas instituciones que, por definición, son jerárquicas y verticales, antidemocráticas.

Quienes creemos en la democracia necesitamos dotarnos de nuestras propias instituciones, de nuestras propias estructuras para el ejercicio y la defensa de la vida en común. El actual Estado capitalista es sin duda una institución ya no inservible para tal fin, sino a todas luces contraproducente y enemiga de la organización popular, la autogestión y también el feminismo.

Resulta obvio que para realizar una transformación social necesitamos ganar el poder no solo en el ámbito político, entendido éste como las instituciones de gestión de las vidas de todos y todas (no necesariamente poder gubernamental), sino en todos los ámbitos (económico, cultural…). Una transformación social amplia, rupturista, democráticamente revolucionaria necesita, precisamente, eso, ser social: es decir, involucrar a toda la sociedad en ello, y eso es algo que no puede hacerse desde las instancias del Estado, se quiera o no. Eso requiere un cambio en la cultura popular hacia nuestras posturas; un cambio que ha de llevarse a cabo necesariamente desde el trabajo del día a día a pie de calle, involucrando al mayor número de gente posible en el proceso con el ánimo de que participen en la constitución de las estructuras de ordenación de la vida social que posteriormente regirán la comunidad cuando se haya conseguido superar al Estado capitalista.

Sin embargo, tampoco podemos afirmar sin más que el Estado no nos interesa. A pesar de tratarse de un instrumento absorbedor de la protesta social y reaccionario por defecto (no debe olvidarse que, a fin de cuentas, es una institución creada por la clase dominante), sería un error de análisis grave considerar igualmente a todos los estados. No podemos, por ejemplo, medir con la misma vara a un estado dirigido por un gobierno de corte socialiberal o socialdemócrata que a un estado de corte totalitario o fascista. En el primer caso, la protesta y organización social podría desarrollarse de manera más o menos libre, lo que posibilitaría la construcción de poder popular por parte de los movimientos; en el segundo caso, esto que venimos diciendo sería mucho más difícil, como pudimos comprobar tristemente en el Estado español durante los 40 años de dictadura franquista.

Esto nos lleva a afirmar que el Estado juega un papel de relevancia en el proceso de transformación social y que, por tanto, no ha de ser ignorado. Pero ello no nos lleva a concluir que hemos de tomar sus instituciones y sus parlamentos, dado que sabemos lo que ello conlleva. Se trataría, a fin de cuentas, de un enemigo a batir que necesitamos convertir en lo más débil posible para poderlo rebasar, superar. Pero esa “construcción de la debilidad” no se lleva a cabo desde los parlamentos y consistorios (no principalmente, al menos), sino desde la construcción, en oposición, de poder popular, del fortalecimiento de las estructuras y organizaciones de los movimientos. Todo esto ha de llevarse a cabo desde la consciencia de que el Estado no es un aliado con el que contar, sino un obstáculo al que se ha de vencer. Por ello, es necesario extender la idea de que el conflicto del movimiento popular con el Estado es algo permanente e inherente a una sociedad dividida en clases sociales como la nuestra, y que tratar de apaciguar dicho conflicto no puede resultar más que en el debilitamiento de los movimientos y, por ende, en una deriva regresiva y reaccionaria del Estado.

A este respecto, observamos la necesidad de que, ante la nueva ola política iniciada por Podemos y las bautizadas como “candidaturas de unidad popular”, el movimiento popular no se quede de brazos cruzados esperando a que los cargos electos legislen o actúen en favor de las medidas prometidas, sino que se organice independientemente de estos para presionar en el sentido de sus objetivos y exigencias, no teniendo ningún temor a la hora de abrir un conflicto cuando se vea necesario.

Igualmente, el pequeño sector de los nuevos gestores formado por antiguos compañeros y compañeras de organizaciones y luchas, deberían entender que lo importante es que, efectivamente, la balanza se declare cada vez más a favor del movimiento popular, y que ello pasa por que éste consiga todo el poder posible en detrimento de las instituciones del Estado capitalista, lo que a veces irá irremediablemente en detrimento del partido por el que haya sido elegido.

En conclusión, desde Apoyo Mutuo creemos que quienes estamos por un cambio social democrático radical debemos centrar nuestra atención, nuestros esfuerzos y nuestros recursos en la construcción de instituciones populares independientes (y generalmente contrapuestas) a las instituciones del Estado, el cual ha demostrado ser históricamente la piedra principal en el camino que lleva a que cualquier pretensión transformadora se convierta en realidad.

1 Comment

  1. “Pero no creemos que dicha reglamentación y control deba ser llevado a cabo desde las instituciones del Estado; unas instituciones que, por definición, son jerárquicas y verticales, antidemocráticas” Correcto, en España los partidos políticos son parte del Estado. En una democracia representativa se eligen personas que te representan, pero con el sistema de partidos, no puedes elegir a tu representante, nadie te representa. En España no hay representación política, tampoco hay separación de poderes (no hay elecciones separadas al ejecutivo y al legislativo). Así que un primer debería ser dotarnos de una constitución democrática (osea con representación política y separación de poderes), y a partir de ahí seguir trabajando en esas “instituciones populares independientes”

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